Desde el Grupo Popular se solicita la reforma de la Ley 7/2022 para garantizar el respeto a la autonomía local que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos en lugar de trasladar todo el coste al ciudadano, así como la posibilidad de establecer bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos
En el caso concreto de Torrevieja, esta imposición resulta especialmente injusta, ya que el Ayuntamiento ha demostrado que es posible mantener un servicio de recogida y tratamiento de residuos eficiente y moderno, sin subir la presión fiscal a los vecinos
La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, ha presentado para su inclusión, debate y aprobación en el próximo Pleno Ordinario, una moción para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de anular las disposiciones que obligan a los ayuntamientos a repercutir directamente el 100% de los costes de gestión de residuos sobre los vecinos sin criterios de proporcionalidad o equidad, con la finalidad que el Ayuntamiento de Torrevieja pueda modificar la tasa municipal recogida en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.
Desde el Grupo Municipal Popular se solicita la reforma de esta Ley para garantizar el respeto a la autonomía local y a la potestad tributaria municipal;
un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos, la incorporación de incentivos al reciclaje y la economía circular, en lugar de penalizaciones indiscriminadas, así como la posibilidad de establecer bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos.
Asimismo, la moción incluye solicitar la creación de mecanismos de financiación estatal o autonómica que permitan a los municipios cumplir los objetivos europeos de reciclaje sin incrementar de forma indiscriminada las tasas municipales, además de solicitar la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, que permita mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos sin trasladar todo el coste al ciudadano.
Y por último, una vez aprobada en pleno la moción, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
EL TASAZO DE PEDRO SÁNCHEZ
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene como objetivo avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable con el medio ambiente. Mientras que la UA establece objetivos generales de prevención, reciclaje y economía circular, así como principios como el de “quien contamina paga”, no impone la forma concreta en que los municipios deben financiar estos servicios. Por tanto, la obligación de incrementar tasas municipales y repercutirlas de manera uniforme a todos los vecinos es una consecuencia directa de la legislación estatal, y no un mandato europeo. Se trata del TASAZO de Pedro Sánchez.
En cumplimiento de esta norma, los ayuntamientos se han visto obligados a actualizar la tasa para la gestión de residuos, repercutiendo totalmente los costes entre todos los vecinos y sectores productivos de nuestra ciudad. Esta situación ha provocado incrementos notables en las tasas municipales y un malestar social creciente, especialmente en los municipios como Torrevieja donde el ayuntamiento estaba asumiendo prácticamente el 60% de esos costes para no repercutirlo en sus ciudadanos.
Además, la Ley 7/2022 contempla la posibilidad de aplicar bonificaciones a los vecinos que reduzcan su generación de residuos, pero en la práctica resulta extremadamente difícil su implementación. La obligación de subir tasas y aplicar bonificaciones que no pueden controlarse correctamente puede desincentivar la participación ciudadana en el reciclaje, afectando los objetivos europeos de economía circular. La ley, tal como está redactada, es contraproducente.
Si bien compartimos la necesidad de cumplir con los objetivos europeos de reducción y valorización de residuos, consideramos que la carga económica no debe recaer exclusivamente en los ayuntamientos y en los vecinos, sino que debe establecerse un sistema de financiación equilibrado y justo.
Además, el argumento de que “Europa obliga” carece de fundamento. La propia Comisión Europea aclaró que la Directiva (UE) 2018/851 no exige la imposición de una tasa que cubra íntegramente el coste del servicio, y que los Estados miembros pueden utilizar otros mecanismos alternativos de financiación.
Por lo tanto, la decisión de trasladar el coste íntegro a los ciudadanos es una decisión política nacional del Gobierno de Pedro Sánchez, no una exigencia europea. Y ello ha generado una profunda inseguridad jurídica en los ayuntamientos, dada la multiplicación de ordenanzas contradictorias y el riesgo de conflictos legales por la falta de un desarrollo reglamentario claro.
En el caso concreto de Torrevieja, esta imposición resulta especialmente injusta, ya que el Ayuntamiento ha demostrado que es posible mantener un servicio de recogida y tratamiento de residuos eficiente y moderno, sin subir la presión fiscal a los vecinos, incluso asumiendo el incremento de costes derivado de la nueva adjudicación del contrato.
Durante los ejercicios 2024 y 2025, el Ayuntamiento de Torrevieja ha absorbido el incremento del coste del servicio de limpieza y basuras —más de 20 millones de euros anuales— sin repercutirlo en los ciudadanos, manteniendo congeladas las tasas municipales sin ajustarlas al IPC y el IBI en su tipo mínimo legal.
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