«paralizará y dificultará» el desarrollo del Procedimiento de Consolidación de Plazas, aseguran representantes de los sindicatos
Los sindicatos médicos se han alzado contra la propuesta de baremación de méritos de la Generalitat para consolidar las plazas de funcionarios, mediante la que propone que el dominio del valenciano puntúe el triple que una tesis doctoral. «Un caramelo envenenado -advierte la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM)- que puede vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública».
Los planes del departamento que dirige Miguel Mínguez para baremar los méritos del personal interino se distribuyen de la siguiente manera: 70 puntos por tiempo trabajado; 15 por el conocimiento del valenciano (11 por el dominio oral y 15 por obtener el grado superior), mientras que los 15 restantes se destinan a la formación, dividida en haber aprobado una oposición en los últimos diez años y acreditar otros reconocimientos formativos. En este ítem, se vuelve a separar en 5 puntos entre los cursos de formación y las tesis doctorales. No obstante, la acumulación de estos recursos no pueden superar los 10 puntos, por lo que el simple reconocimiento básico del valenciano aportaría un punto más.
Según han calificado los representantes del sindicato, esta modificación del baremo de méritos «paralizará y dificultará» el desarrollo del Procedimiento de Consolidación de Plazas. Al respecto, considera «un despropósito« puntuar los conocimientos de valenciano tres veces más que la tesis doctoral que »infravalora los esfuerzos en formación, especialmente en la categoría de personal médico«.
«Independientemente de que sea un Procedimiento Extraordinario de Consolidación, consideramos que los continuos cambios de baremo, a los que nos tiene acostumbrados esta Administración, vulnera los derechos de los compañeros que han centrado sus esfuerzos en méritos que cambian continuamente de valor o sencillamente dejan de ser valorados«, reprocha.
Por todo ello, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV ha votado no a la propuesta de baremo presentada por la Administración porque se trata de «decisiones continuamente cambiantes, no consensuadas con los representantes de los trabajadores, que minusvaloran la formación de nuestros compañeros y que pueden abocar en inseguridad jurídica, que a la vez dificulte el desarrollo y resolución del proceso de consolidación«.
De esta forma, el valenciano tendría mayor trascendencia que los conocimientos formativos en el ámbito sanitario, donde el requisito lingüístico abanderado por Compromís está generando diferentes situaciones de discriminación por desatención, así como la dificultad de encontrar especialistas y la ‘fuga de cerebros’ a otras comunidades autónomas como Cataluña y Baleares. Según reconoció el conseller Mínguez en una entrevista en el diario Las Provincias, el conocimiento del valenciano «no debe ser un requisito exclusivo ni excluyente, sino un mérito en las oposiciones», ya que «las comunidades que lo consideran así, tienen un problema».
Por otro lado, el CESM también critica que la propuesta de la Generalitat pretenda puntuar más el tiempo trabajado en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades. Sobre ello, aclara que aunque considera «beneficioso» para los intereses de sus afiliados esta propuesta de baremación puede ser «un caramelo envenenado». De hecho, recuerda que existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que, la valoración de los servicios prestados debe ser igual en todos los servicios de salud del SNS.
Por ello, advierte de que «con alta probabilidad será objeto de impugnación por opositores de dentro y de fuera de nuestra Comunidad, lo cual puede interferir en el desarrollo del proceso de consolidación de puestos de trabajo, ya de por sí inadmisiblemente lento«. »La excepcionalidad del proceso difícilmente va a cambiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esta decisión es algo sobre lo que no existe seguridad jurídica«.
Asimismo, critica que «no se incluyen a las concesiones, ni al personal laboral a extinguir» y en ese sentido señala que, dado que en la actualidad los Tribunales de Justicia se reconocen los servicios prestados en bolsa, carrera profesional, el hecho de que «no sean incluidos puede abocar a un gran número de impugnaciones que también dificulten el desarrollo del Procedimiento».
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